Otto Perez Molina pretende mutilar y reducir los principios elementales de la Política Pública de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno a través de la imposición de reformas al Programa Nacional de Resarcimiento PNR.

El Gobierno Militar de Otto Pérez Molina pretende, a través de la emisión de  Acuerdo Gubernativo,  imponer cambios sustantivos a la Política Pública de Reparación a las víctimas del Conflicto Armado   Interno la cual es resultado de los Acuerdos de Paz que dieron fin a 36 años de violencia estatal.

La medida incluye una reforma unilateral al Programa Nacional de Resarcimiento,PNR, cuyo director,Jorge Herrera, al no tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones de víctimas, está incurriendo en violación a normas internacionales de reparación integral de la población afectada en situación de conflicto y está vaciando de contenido político el acuerdo original sobre todo en principio de Derechos Humanos.

Ésta nueva práctica autoritaria e impositiva del gobierno derechista del partido patriota se da en el contexto de la anulación de la sentencia histórica por Genocidio al ex dictador José Efraín Ríos Montt.

  

Cambios a Conceptos y Principios Sustantivos.

Pese a que han existido mesas de trabajo durante varios meses, las propuestas entregadas por escrito por las organizaciones de víctimas a las autoridades de turno del PNR no han sido tomadas en cuenta. 

Se han impuesto por el contrario, cambios sustanciales, esto lo explica Juan Pérez Cedillo, representante de la red de víctimas a nivel nacional:

"EL acuerdo gubernativo primero da supuestamente una ampliación de 10 años más pero lo que si evidencia en si es el contenido, bajarle el contenido el principio y quitarle muchas cosas que el acuerdo gubernativo original contenía.  Como por ejemplo el término de Víctimas civiles, el programa fue creado para las víctimas civiles, no cualquier victima va entrar en la reparación.  Quitan también el contenido de Lesa Humanidad, bajan el contenido de en lugar de Conflicto, lo ponen con enfrentamiento armado interno. Y así hay otros pero consideramos que es el más fundamental que están quitando, quiere decir que si dejamos Violación a los Derechos Humanos sin poner el calificativo de Civil, como que están dando chance que entren hasta Militares por ejemplo diciendo que se violo sus derechos…en realidad es lo que quitan y dejan vacío en contenido político y de DD HH el tema, no importa si amplían en tiempo pero si bajan contenido no.

Nuestro posicionamiento es que ya entregamos la propuesta por escrito, hay una mesa que se creó para eso, la versión final que van a entregar a la SEPAZ no reflejan nuestra propuesta.  Entonces nuestra posición el día de hoy es dejar claro que no avalamos ese acuerdo gubernativo en tanto no se tome en cuenta nuestra propuesta como victimas porque si lesiona los intereses de las victimas en materia de DDHH y sobre todo rechazamos que en vez de mejorar el contenido de un acuerdo, lo vacían, por lo tanto es violatorio a un derecho de reparación y la propuesta es que si no se toma en cuenta nuestra opinión, no se toque el contenido y principios del acuerdo gubernativo 2013, no tocar contenido sustancial porque no vamos a permitir que termine en diciembre de 2013, de no tomar en cuenta la propuesta de las víctimas no toquemos el contenido sustancial.

Digamos para que el programa sea, que solo se califique la violación independientemente de la responsabilidad que en otro momento las personas cometieron.  Puede haber varios argumentos pero para nosotros el fondo es vaciar de contenido sustancial político y sobre todo principios de DDHH, en el derecho internacional humanitario no podemos mezclar lo que es violación general, lo que son violaciones en contexto de conflicto armado interno.  Entonces creemos que hay un trasfondo político, aunque sus argumentos sea no cerrar la puerta a nadie pero en la práctica que la política del actual gobierno es ir vaciando de contenido, porque que tiene al colocar delitos de lesa humanidad, que ahora  ya son temas conocidos y que fueron violaciones cometidas durante el Conflicto Armado Interno, y porque ahora digamos 15 años después de la firma de la paz no se coloca esos temas y se quiere mutilar los contenidos.  Ahora el tema de genocidio, es otro tema, sabemos que ocurrió en Guatemala, que tampoco se quiere reconocer.  El tema de lesa humanidad se quiere quitar y por eso pensamos que hay un trasfondo político mas allá de una simple reforma y la reforma puede encaminar para ir vaciando de contenido sustancial el acuerdo actual".

Programa Nacional de Resarcimiento viola el Derecho a libre organización de las Víctimas.

Para FAMDEGUA, la imposición y la falta de atención integral a las víctimas es el principal factor de las autoridades de turno del PNR.  

"Por un lado las víctimas tienen el derecho a ser resarcidos económicamente  pues el Estado si tuvo los recursos para destruir sus viviendas  y animales y ahora debe tener recursos para reponerlos", indica Marcia Mendez, de la junta directiva, al referirse a la imposición de proyectos productivos como parte del resarcimiento.  Del mismo modo la activista resalta que La reparación no constituye el pago del dinero únicamente ni la imposición de proyectos que la gente no quiere, la gente esta cansada que le digan que hacer los de la capital.  Debe enfocarse también en el proceso de exhumaciones pero sobre todo en el acompañamiento psicosocial.  Las cooperativas deben nacer de las necesidades de la misma gente para que sus proyectos sean autosostenibles a largo plazo.  

Del mismo modo el gobierno pretende cerrar un capitulo queriendo convencer a los familiares de los detenidos desaparecidos de sacar un certificado de muerte presunta para poder hacer efectivo el pago de resarcimiento, todo esto porque políticamente no les conviene que exista la figura de Detenido-Desaparecido.

La Red de Organizaciones Sociales y de Víctimas del Conflicto Armado Interno.

A la ciudadanía y opinión pública; manifestamos:

• La vigencia y temporalidad del Programa Nacional de Resarcimiento, contenido en el Acuerdo Gubernativo 258-2003 y sus reformas, estableció 10 años; el cualvence el 31 de diciembre del 2013. Desde finales del año pasado, a la fecha, las autoridades del PNR; han presentado TRES PROPUESTAS DE REFORMA, A DICHO ACUERDO. Desde ese entonces, las organizaciones de víctimas, establecimos una mesa de trabajo con las autoridades del PNR, en donde hemos expresado nuestras consideraciones y propuestas; las que hemos entregado por escrito, en dos ocasiones.

• En la última versión que nos hizo llegar el PNR, CONSTATAMOS, que nuestras propuestas no fueron incluidas. Nuestra postura consiste en evitar que la Reforma al Acuerdo Gubernativo, sea aprovechada para MUTILAR Y REDUCIR sustantivamente los principios y contenidos de la Política Pública de Reparación; siendo estas lesivas y violatorias de los Derechos de las víctimas civiles que sufrimos violaciones a nuestros derechos humanos y delitos contra deberes de la humanidad; Además viola normas internacionales en materia de reparación.

• En la práctica, El PNR ha venido realizando cambios en los procedimientos para acreditar las violaciones a resarcir, por ejemplo; el PNR viola el derecho de libre organización de las víctimas; al obligarlas a que se organicen en cooperativas para tener derecho a la reparación material de inversión productiva. Además El PNR ha levantado mucha expectativa sobre los proyectos de inversión productiva, pero a la fecha muy poco ha avanzado; generando frustración, descontento y falsas expectativas en las comunidades. Vale decir, que en el presente año la ejecución presupuestaria del PNR ha sido muy baja. El PNR es un programa sin recursos, al grado que en varias sedes regionales se quejan de no tener recursos para combustible, y por lo tanto se abstienen a realizar las visitas comunitarias.

• Son reiterados los incumplimientos del PNR; por ejemplo, en materia de construcción de nichos, en muchos casos han sido las propias víctimas que, con el apoyo de la cooperación internacional han tenido que inhumar a sus familiares sin la participación del Estado de Guatemala. Lo mismo pasa con las 3 mil viviendas del convenio 09-2009, las cuales desde el año 2009, fueron pagadas a FONAPAZ; de las aproximadamente 2500 construidas, el 90% tienen defectos en su estructura y acabados.


• Consideramos el dialogo, como instrumento para conocer y discutir los puntos de vista de las partes y poder alcanzar acuerdos. De buena fe, las organizaciones de victimas hemos establecido mesas de diálogo y trabajo con las autoridades del PNR, en las cuales el PNR ha firmado y adquirido compromisos, los cuales en su mayoría ha incumplido. Mesas de trabajo y diálogo sin resultados e incumplimientos son un factor más de revictimización y vulneran la confianza en las instituciones del Estado.

Cuando la justicia se niega en el país a nivel interno, tenemos las ciudadanos el derecho de acudir a instancias internacionales.  Esto es lo que han hecho mas de 56 comunidades, ante la negación de un resarcimiento digno. 

A 10 años de creado en PNR en donde es más avanzado es en entregar el resarcimiento en cheque, es arriba 25 mil resarcimiento económico (Sergio Castro, representante de CAFCA)  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO DEMANDAMOS:

1.    Que la reforma al Acuerdo Gubernativo de constitución del PNR, no sea utilizado para modificar principios y la naturaleza de un programa que fue diseñado para el resarcimiento de víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos. Nuestra propuesta, que el contenido del Acuerdo Gubernativo siga siendo el mismo ampliándole únicamente la temporalidad por 10 años más.

2. En caso de hacer alguna reforma al Acuerdo Gubernativo, ésta debe considerar el principio de la progresividad de los derechos humanos, en el sentido que todo cambio debe ser para mejorar los derechos adquiridos y asegurar un resarcimiento ágil y efectivo.

3. Que no se mezclen prácticas de desarrollo social, con el derecho al resarcimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el sentido de estar demandando como condición a la medida de resarcimiento material estar organizado en cooperativas. El derecho a este tipo de medida corresponde según la política pública de resarcimiento a las víctimas que perdieron bienes materiales y es obligación del Estado su restitución.

4. Sobre los incumplimientos en las viviendas con fallas estructurales, el PNR, debe darle continuidad a las denuncias formuladas, para deducir responsabilidades penales a las personas que se vieron involucradas en claras prácticas de corrupción.

5. El PNR debe transparentar y rendir cuentas a las víctimas y la población en general, sobre la ejecución presupuestaria realizada a la fecha. Sobre la base de recortes al presupuesto para el funcionamiento de las sedes regionales que carecen de medios materiales para realizar su trabajo.

Guatemala 3 de Julio de 2013